México.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que “entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas”, pero acotó que en ese mismo período “2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema”.
En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, remarca que “lo anterior es resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas” y subraya que, “por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática”.
El informe analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México con el propósito de que las administraciones (federal, estatales y municipales) cuenten con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno.
Precisa que la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo “la mayor reducción entre 2008 y 2016 (alrededor de 24 millones de personas), seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda (5 millones de personas menos)”.
En tanto la “carencia de acceso a la seguridad social disminuyó en 4.1 millones de personas, pero todavía 68.4 millones presentan” esta necesidad.
Añade que “la carencia de acceso a la alimentación prácticamente no tuvo cambios en este periodo, producto de un incremento entre 2008 y 2010 y, posteriormente, de una reducción de casi la misma magnitud entre 2010 y 2016. En 2016 había 24.6 millones de personas con esta carencia”, remarca.
El Coneval sostiene que entre 1992 y 2016 el ingreso promedio ha tenido fluctuaciones que “no han permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares” y además “las crisis económicas en este periodo, entre otros factores, se han traducido en un crecimiento económico promedio anual de 2.4 por ciento, lo que representa sólo 1.3 por ciento en términos per cápita”.
Para elaborar este Informe, el Coneval utiliza la evidencia acumulada a lo largo de 10 años en los que, además de hacer mediciones de pobreza y evaluaciones a políticas y programas de desarrollo social, ha llevado a cabo investigaciones en áreas tales como el análisis del cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.
El propósito principal del Informe es mostrar la evidencia sobre la situación actual del país en relación con los avances y los retos en la pobreza y en el ejercicio de los derechos sociales de la población, poniendo énfasis en los grupos en condición de rezago.
Expone a que a nivel de los hogares, “si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6 por ciento entre 2014 y 2016, éste se redujo 10.6 por ciento entre 2005 y 2017. A esto se suma que el alza inflacionaria reciente, que en 2017 alcanzó 6.77 por ciento, lo que ha provocado una disminución en el poder de compra de los hogares de 2.5 por ciento en ese año”.
Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso “se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia”.
Indica que “la informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto” y detalla que en el país “la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo”.
Así mismo señala que en el periodo 2009 a 2017 se observó una “disminución en la proporción de empleos informales, que pasó de 60 por ciento a 57.0 por ciento. Sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país”.
Apunta que “algunos grupos de la población, como los jóvenes entre 15 y 29 años, tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales” y que en “2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraban en empleos informales”.
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