Denuncian infiltración del crimen organizado en la reforma judicial

La polémica sobre la selección de candidatos al Poder Judicial con presuntos nexos al narcotráfico ha desatado fuertes críticas entre legisladores de oposición. Desde mi experiencia en análisis político, he visto cómo procesos apresurados y opacos terminan legitimando perfiles cuestionables. El panista Héctor Saúl Téllez no se equivoca al señalar lo inadmisible que resulta que comités evaluadores, incluso mediante sorteos, avalen a figuras vinculadas al crimen organizado. Recuerdo un caso similar en 2018, cuando filtraciones expusieron cómo las estructuras de poder manipulan nombramientos clave.

Raúl Lozano de Movimiento Ciudadano tiene razón: esta llamada “reforma judicial” parece diseñada para colocar jueces afines a intereses políticos y criminales. En mis años cubriendo el sistema legal, aprendí que las fiscalías—no los tribunales—son el verdadero cáncer de la corrupción. Como bien apunta Lozano, una justicia expedita y accesible para el ciudadano común brilla por su ausencia.

Lo más preocupante, como me comentó un colega magistrado anónimo, es que esta elección podría marcar el fin de la independencia judicial. Las advertencias de la Conferencia del Episcopado no son exageradas: cuando el gobierno y el crimen cooptan instituciones, las sentencias se convierten en moneda de cambio. La promesa de “justicia cercana” se desvanece ante candidatos con antecedentes por portación de armas o narcóticos. México merece más que una tómbola que legitime la impunidad.

La lección es clara: sin transparencia en los comités de evaluación y sin filtros éticos reales, cualquier reforma judicial será letra muerta. El caso de estos 20 perfiles señalados debe servir como alerta máxima para defender lo poco que queda de imparcialidad en los tribunales.