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Internacional

Fiscales de 19 estados demandan al gobierno por recortes en salud pública

Una coalición multitudinaria de fiscales generales desafía la desmantelación de programas sanitarios clave en medio de una tormenta política.

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El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., durante un evento de la iniciativa Make Indiana Healthy Again en Indianápolis.

Una alianza sin precedentes de fiscales generales de 19 estados y Washington D.C. ha interpuesto una demanda contra los drásticos recortes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), denunciando que la reestructuración impulsada por la administración Trump ha desmantelado programas vitales y trasladado la carga de las emergencias sanitarias a los gobiernos estatales.

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Letitia James, fiscal general de Nueva York y líder de la acción legal, presentó el recurso ante un tribunal federal en Rhode Island. La coalición incluye a los máximos representantes legales de estados como California, Illinois, Michigan y otros, quienes acusan que la reducción del 25% de la plantilla del HHS —incluyendo 10,000 despidos bajo el mandato de Kennedy— ha paralizado servicios esenciales.

La llamada Directiva MAHA (Make America Healthy Again), justificada como una simplificación administrativa, ha dejado laboratorios sin capacidad para diagnosticar enfermedades infecciosas, interrumpido investigaciones oncológicas y cerrado programas de salud materna. Los CDC, clave en la contención de brotes como el reciente resurgimiento del sarampión, también enfrentan limitaciones críticas.

“No es eficiencia, es un sabotaje sistémico”, declaró James, señalando el desmantelamiento de agencias como la de prevención del tabaquismo y equipos que gestionaban los umbrales de pobreza para acceder a Medicaid. La demanda exige anular la directiva por considerar que viola la separación de poderes al ignorar la autoridad del Congreso sobre los fondos públicos.

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Con un presupuesto anual de 1.7 billones de dólares, el HHS es la agencia federal más costosa, sustentando Medicare y Medicaid. Los fiscales argumentan que su debilitamiento estratégico amenaza la red de seguridad sanitaria en un momento de crecientes desafíos, desde epidemias hasta la crisis de opioides.

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