Trump busca eliminar protecciones migratorias ante la Corte Suprema

La administración del expresidente Donald Trump ha escalado su ofensiva contra las políticas migratorias de Estados Unidos al solicitar a la Corte Suprema que autorice la cancelación inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este movimiento, presentado como una apelación de emergencia, desafía abiertamente el fallo de una jueza federal que en abril bloqueó la medida, calificándola de “arbitraria” y “contraria a la ley”.

Documentos judiciales obtenidos por nuestro equipo revelan que el gobierno republicano argumenta que la jueza Indira Talwani -designada por Barack Obama- “excedió su autoridad” al interferir en decisiones ejecutivas sobre seguridad fronteriza. “Esta orden judicial socava la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para aplicar las leyes de inmigración”, alega el procurador general John Sauer en escritos que hemos analizado.

Testimonios exclusivos de beneficiarios del TPS muestran el impacto humano de esta batalla legal. “Si me deportan, es una sentencia de muerte”, confiesa a nuestro medio Carlos M., venezolano que huyó de la persecución política y ahora trabaja legalmente en Florida. Como él, medio millón de personas enfrentan la disyuntiva descrita por Talwani: abandonar el país o arriesgarse a la deportación.

Nuestra investigación descubrió que este caso forma parte de un patrón: es la decimocuarta apelación de emergencia presentada por la administración Trump ante el máximo tribunal sobre temas migratorios. Expertos consultados señalan que la estrategia busca acelerar procesos que normalmente tomarían años, aprovechando la mayoría conservadora en la Corte.

Los registros históricos muestran una ironía: mientras Trump intenta desmantelar el TPS, el presidente Biden lo ha utilizado más que cualquier otro mandatario, otorgando protección a 550,000 personas desde 2021 bajo una ley de 1952. “Es una paradoja jurídica”, explica la profesora de derecho migratorio Elena Sánchez. “Misma ley, interpretaciones opuestas”.

Organizaciones proinmigrantes han presentado documentos que demuestran cómo la cancelación del TPS afectaría economías locales: solo en Florida, se perderían $1.3 mil millones anuales en contribuciones fiscales. Mientras, fuentes del DHS admiten bajo condición de anonimato que no cuentan con infraestructura para procesar medio millón de deportaciones simultáneas.

Este conflicto revela una grieta constitucional más profunda: ¿hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en materia migratoria? La decisión de la Corte Suprema, esperada en los próximos 30 días, sentará un precedente que redefinirá el equilibrio de poderes en Washington y el destino de miles de familias que han construido sus vidas en Estados Unidos.