Nacional
El INE destina 232 millones extras para el conteo de votos judiciales
Detrás del gasto millonario del INE: ¿Qué revelan las contrataciones masivas y las polémicas en la elección judicial?

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha destinado un presupuesto adicional de 232 millones 392 mil pesos para contratar a 25 mil 245 empleados temporales, una medida necesaria para garantizar el conteo de votos en la inédita elección del Poder Judicial. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? Investigaciones revelan que el recorte presupuestal inicial limitó los recursos a 592 millones para las juntas distritales, una cifra insuficiente ante la magnitud del proceso.
Fuentes internas confirmaron que los 216 millones asignados a 22 mil 500 auxiliares buscan agilizar el cómputo de resultados, un trabajo que, por primera vez, recaerá exclusivamente en funcionarios del INE y no en ciudadanos en las casillas. ¿Por qué el cambio? Documentos obtenidos sugieren preocupación por la transparencia, aunque críticos cuestionan si esto centraliza demasiado el control.
Más allá de los números, surge otra incógnita: los 8 millones para suplentes de consejeros distritales y los 6.7 millones para auxiliares en bodegas electorales. ¿Refleja esto una desconfianza institucional ante posibles fallas? Testimonios de empleados anónimos hablan de “presiones logísticas sin precedentes”, mientras la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, insiste en que todo avanza según lo planeado.
La polémica se extiende a la tinta indeleble, certificada por la UAM tras denuncias de su fácil remoción. Filiberto Vázquez, su creador, defiende su eficacia, pero persisten dudas: ¿realmente garantiza un voto único? Taddei elogió su papel en la democracia, aunque omitió mencionar las recurrentes quejas ciudadanas.
En paralelo, el INE enfrenta otro frente: la ministra Yasmín Esquivel, candidata a la Corte, ha borrado publicaciones con respaldo sindical ante medidas cautelares. “Es un patrón de evasión”, acusan consejeros. ¿Por qué persiste esta conducta? Analistas apuntan a un cálculo político: las sanciones se diluyen si las pruebas desaparecen. Claudia Zavala, consejera electoral, advierte: “Esto erosiona la credibilidad del proceso”.
Con 3 mil 398 aspirantes y solo cinco con protección, la elección judicial se perfila como un campo minado. Los datos fríos —824.5 millones de pesos en total— esconden una pregunta incómoda: ¿Está el INE preparado para manejar tanto dinero y tanta desconfianza? La respuesta, como el conteo, llegará hasta junio.

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