EE.UU. deporta a migrantes a un destino tan secreto como cuestionable

En un acto que mezcla la burocracia con el thriller geopolítico, el gobierno estadounidense ha perfeccionado el arte de hacer desaparecer personas… pero con formularios en triplicado. Ocho hombres, entre ellos un mexicano condenado por asesinato, fueron embarcados en un vuelo cuyo destino final es tan misterioso como el menú de la cafetería del Congreso en día de huelga. La Casa Blanca, en su infinita transparencia, se limitó a decir que ningún país quería recibir a estos “invitados no deseados”, como si se tratara de la peor fiesta internacional desde el incidente del Bismarck.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró con un entusiasmo digno de un reality show: “¡Encontramos un país dispuesto a aceptar estos regalitos envenenados!”. Los detalles, por supuesto, son “clasificados”, categoría bajo la cual ahora también cabe el sentido común. Mientras tanto, Sudán del Sur —ese paraíso turístico donde hasta el Departamento de Estado prohíbe a sus ciudadanos vacacionar— aparece como posible destino, en lo que solo puede describirse como un programa de reubicación estilo “Los juegos del hambre”: edición migratoria.

El juez federal Brian Murphy, en un arranque de esa molesta costumbre llamada “respeto a los derechos humanos”, ordenó al gobierno mantener custodia de los deportados. La administración respondió con el clásico: “Lo entendimos mal, su señoría no especificó cuántas horas deben pasar entre la notificación y el secuestro legalizado”. Mientras, el director interino del ICE calificó a los deportados como “amenazas a la seguridad nacional”, aunque el único peligro inminente parece ser el que corren ellos mismos al ser arrojados a zonas de conflicto.

Este circo jurídico-migratorio revela la nueva fórmula matemática de Washington: (Derechos humanos) – (Debido proceso) = Solución creativa. Ya en marzo, 200 personas fueron enviadas a una megacárcel en El Salvador, en lo que algunos llaman “externalización penitenciaria” y otros, “turismo carcelario forzado”. Los expertos advierten de una “crisis constitucional”, pero en esta administración eso solo significa que hay que inventar más eufemismos para el manual de procedimientos.

Así avanza la política migratoria del siglo XXI: donde el imperio de la ley choca con las ganas de hacer titulares, siempre gana el vuelo nocturno con destino a ninguna parte. ¿El próximo paso? Quizá deportar disidentes a la Luna. Al menos allí no habrá jueces activistas… aunque los cráteres podrían ser más acogedores que algunas celdas.