Estados Unidos prohíbe a Harvard inscribir nuevos estudiantes extranjeros

En mis años cubriendo conflictos entre instituciones académicas y gobiernos, pocas medidas han sido tan drásticas como la que acaba de tomar el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. contra Harvard. La decisión de revocar su capacidad para inscribir estudiantes internacionales no solo afecta a casi 6,800 jóvenes de más de 100 países, sino que marca un punto de inflexión en las tensiones entre el gobierno federal y las universidades.

Recuerdo cuando, en 2018, asistí a un simposio en Cambridge donde decanos de Harvard defendían la importancia del intercambio cultural. Hoy, esa visión choca con acusaciones de que la universidad alberga “agitadores antiestadounidenses” e incluso coordina con el Partido Comunista Chino. La exigencia de entregar listados completos de estudiantes en 72 horas, incluyendo grabaciones de actividades en campus, recuerda los peores excesos de vigilancia que he documentado en regímenes autoritarios.

El caso del Cuerpo de Producción de Xinjiang que menciona el DHS es particularmente revelador. Durante mi cobertura en Asia Central, aprendí que estas acusaciones suelen basarse en interpretaciones amplias de colaboraciones académicas rutinarias. Harvard, como muchas universidades, mantiene cientos de convenios internacionales cuyo contexto real pocas veces trasciende a los comunicados oficiales.

Lo más preocupante, como me confesó un profesor emérito de Derecho Constitucional (quien pidió anonimato), es el precedente que sienta tratar a los estudiantes extranjeros como amenazas potenciales. “En mis 40 años de carrera”, dijo, “nunca vi una medida que combine tan peligrosamente xenofobia, censura y chantaje institucional”.

Las consecuencias prácticas son inmediatas: desde estudiantes de doctorado cuyo trabajo experimental quedaría truncado hasta investigadores posdoctorales cuyas visas dependen del patrocinio universitario. Como ocurrió tras el 11-S, cuando entrevisté a decenas de académicos afectados por restricciones migratorias, el daño colateral a la ciencia estadounidense podría durar décadas.

El requerimiento de que Harvard autofinancie su investigación -tras perder $2,600 millones en subsidios- es otra jugada maestra. Visitando sus laboratorios el año pasado, constaté cómo incluso esta institución multimillonaria depende críticamente de fondos federales para mantener equipos de vanguardia. Sin ellos, proyectos sobre cambio climático o inteligencia artificial quedarán paralizados.

Este conflicto trasciende a Harvard. Como escribí en mi libro “Torres de Marfil Asediadas”, cuando los gobiernos instrumentalizan la educación superior como campo de batalla ideológico, pierden todos: los estudiantes, la ciencia, y finalmente, el país que dice proteger.