El esquema de manipulación electoral del Gobernador Samuel García ha escalado: empleados públicos, incluido personal médico, son coaccionados para asegurar votos a favor de candidatos afines a Morena y Movimiento Ciudadano (MC). La táctica incluye acordeones prediseñados con códigos QR para rastrear votantes, una estrategia que viola la autonomía electoral.
En hospitales como el Infantil de Monterrey, sesiones disfrazadas de capacitaciones distribuyen material propagandístico. Los trabajadores deben conseguir 10 votos bajo amenaza de despido, extendiendo la presión a familiares y amigos. El INE permite listas personales, pero la intervención gubernamental cruza la línea del fraude.
El operativo se replica en universidades como la UANL y el Conalep, donde simulacros de votación refuerzan la imposición de candidatos. Los códigos QR, herramienta de verificación en tiempo real, evidencian el uso de tecnología para control político.
Este mecanismo, inicialmente denunciado en la Casona Mier, ahora permea organismos autónomos, incluyendo el Instituto de Defensoría Pública. Testigos confirman que las listas preliminares favorecen a aliados de García y Sheinbaum, consolidando redes de clientelismo digital.
La escalada de presiones institucionales marca un precedente peligroso: la politización de espacios públicos, desde clínicas hasta aulas, bajo tácticas de vigilancia electoral.
