Tribunal federal solicita a la Corte revisar condena de Félix Gallardo

Foto: Agencia Reforma.

Un tribunal federal con sede en Jalisco ha elevado a la Suprema Corte de Justicia la decisión definitiva sobre la culpabilidad de Miguel Ángel Félix Gallardo, histórico líder del narcotráfico, en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y su colaborador Alfredo Zavala. Este episodio, ocurrido en Guadalajara en 1985, marcó un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

El Primer Tribunal Colegiado Penal del Tercer Circuito solicitó formalmente que la máxima instancia judicial ejerza su facultad de atracción para resolver el amparo directo presentado por la defensa de Félix Gallardo. Este recurso representa la última oportunidad para impugnar la condena de 37 años de prisión, ratificada en 2018 tras una larga batalla legal que comenzó con su detención en 1989.

La Ministra Margarita Ríos Farjat recibió el expediente, aunque los fundamentos jurídicos que justifican la atracción permanecen bajo reserva. Desde mi experiencia cubriendo casos de alto perfil, este silencio sugiere que el tribunal podría estar evaluando cuestiones de competencia federal, un tema espinoso que ya generó controversia en 2013 cuando otro tribunal liberó a Rafael Caro Quintero, cómplice de Félix Gallardo, en una decisión posteriormente revocada.

El reloj corre en contra: con solo cuatro sesiones ordinarias previstas antes del receso judicial en agosto, la Corte enfrenta un dilema logístico. De no alcanzar un fallo, el caso pasaría a la siguiente administración, prolongando una espera que ya suma décadas. Recuerdo cómo en casos similares, como el de Amado Carrillo Fuentes, los plazos procesales terminaron definiendo el destino legal más que los méritos del caso.

Félix Gallardo, ahora con 79 años, insiste en su inocencia respecto a los homicidios, aunque cumple paralelamente una condena de 40 años por narcotráfico. Mientras tanto, en San Diego, familiares de Camarena avanzan con una demanda civil que califica al Cártel de Guadalajara como organización terrorista, una estrategia legal que he visto ganar terreno desde los atentados del 11 de septiembre.

Este caso ejemplifica las complejidades de la justicia transnacional: pruebas envejecidas, testigos desaparecidos y criterios jurídicos que evolucionan con los años. Como analista, he aprendido que en narcopolítica, las sentencias rara vez marcan el punto final, sino que abren nuevos capítulos en una interminable lucha por la impartición de justicia.