La Corte se despide entre papeles y amenazas gubernamentales

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia, ese experimento democrático que nació en 1995 con más esperanzas que un político en campaña, se prepara para su funeral institucional. Tres décadas después, sus restos serán enterrados por los mismos que juraron defenderla… cuando les convenga.

El Pleno, en un acto de realismo mágico judicial, celebró ayer su “última sesión… por ahora”. A partir de la próxima semana, los ministros reducirán su carga laboral a niveles dignos de un funcionario público: una sesión semanal (los martes, porque los lunes son sagrados para la procrastinación) y quincenal para las Salas. Todo un récord de productividad.

Con 859 asuntos pendientes —369 de ellos con sentencia escrita pero sin ganas de leerla—, la Corte ha optado por la estrategia más eficaz: heredar el problema. Los nuevos integrantes, electos por voluntad popular (o al menos por la ilusión de ella), tendrán el privilegio de decidir si continúan el circo o queman el archivo.

Mientras tanto, el gobierno federal juega al “te la debo” con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El expediente para eliminar la prisión preventiva oficiosa —ese invento constitucional que convierte la presunción de inocencia en un chiste macabro— lleva meses acumulando polvo. Seis votos bastarían para cumplir con derechos humanos… pero qué son derechos humanos frente a una buena amenaza institucional.

Para cerrar con broche de oro, la Corte dedicará sus últimas fuerzas a validar elecciones judiciales. Irónico: los mismos que nunca rindieron cuentas ahora decidirán la suerte de quienes los reemplazarán. La democracia, al fin y al cabo, es como un reloj descompuesto: aunque no funcione, hay que darle cuerda para mantener las apariencias.

Así termina una era: entre expedientes olvidados, órdenes internacionales ignoradas y la solemnidad burocrática de quien sabe que, en este país, la justicia siempre llega tarde… si es que llega.