El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz ha levantado la voz ante lo que califica como un atropello institucional. Federico Salomón Molina, líder estatal, reveló que efectivos castrenses realizaron registros corporales arbitrarios e inspeccionaron pertenencias en el domicilio de un candidato panista en Texcatepec, actos filmados por vecinos y viralizados en plataformas digitales.
Esta intervención, según el partido, viola flagrantemente el Artículo 16 Constitucional, que protege la inviolabilidad del domicilio sin orden judicial. “¿Acaso las urnas deben competir contra los fusiles?”, cuestionó Salomón al denunciar el timing sospechoso: a horas de los comicios del 1 de junio.
La situación escaló cuando el sobrino del candidato a Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés, fue agredido físicamente junto a su familia -incluyendo un bebé de 10 meses- por sujetos armados. “Mientras militarizan la contienda con revisiones ilegales, grupos violentos actúan con impunidad”, denunció el dirigente, dibujando un escenario donde la seguridad democrática parece colapsar.
Este caso expone una paradoja peligrosa: ¿Cómo pueden coexistir operativos castrenses sin sustento legal con la permisividad hacia agresiones preelectorales? El PAN exige transparencia inmediata, recordando que la Constitución no es negociable, incluso en tiempos electorales.
