Doce muertos en incendio de centro de rehabilitación por negligencia

En un giro tragicómico del destino, doce almas en busca de redención encontraron su fin entre llamas en el luminosamente nombrado “Volver a Vivir 24 horas A.C.”, un centro de rehabilitación en San José Iturbide que, irónicamente, no cumplía ni con las normas básicas para seguir con vida. Las víctimas, presuntamente encerradas como sardinas enlatadas en el sótano —un detalle arquitectónico que sin duda añade un toque de horror kafkiano al asunto—, demostraron que en México hasta la salvación viene con cláusulas de riesgo.

Las cámaras de vigilancia, esos ojos omnipresentes que todo lo ven pero nada evitan, grabaron el espectáculo pirotécnico mientras los números de emergencia recibían llamadas ciudadanas, como si el protocolo fuera aplaudir la tragedia en lugar de prevenirla. La Fiscalía General del Estado, en un alarde de eficiencia burocrática, anunció con solemnidad que “se iniciaron las diligencias correspondientes”, frase que en el léxico gubernamental significa “empezaremos a buscar chivos expiatorios en tres a seis meses hábiles”.

Entre las hipótesis preliminares —un cortocircuito o la provocación de los internos— brilló por su ausencia la más obvia: la negligencia institucional. ¿Quién necesita salidas de emergencia cuando se puede confiar en la buena suerte? El gobierno municipal, en un gesto de compasión post-mortem, ofreció “apoyo para la cobertura funeraria”, porque nada dice “solidaridad” como pagar los gastos del entierro después de permitir que la gente se queme viva.

Mientras los peritos analizan las cenizas con “la sensibilidad y respeto que exige una tragedia de esta magnitud”, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántos centros como este, convertidos en trampas mortales con licencia oficial, seguirán operando hasta que el próximo incendio nos brinde otro titular espeluznante?