Nacional
México elige por primera vez a sus jueces en urnas con baja participación
Un histórico pero polémico proceso electoral redefine el futuro de la justicia en México.

Un momento histórico se vive en México con las primeras elecciones judiciales del país, un experimento democrático que busca transformar el sistema de justicia pero que enfrenta escepticismo ciudadano. La jornada del domingo mostró urnas semivacías, reflejando la desconfianza hacia este proceso impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Ciudadanos participan en un proceso electoral inédito que definirá el futuro del Poder Judicial.
El INE reportó una participación estimada entre 13% y 20% en esta consulta donde se elegían 881 cargos judiciales, incluyendo los nueve ministros de la Suprema Corte. La complejidad del proceso – con miles de candidatos poco conocidos – generó confusión y desinterés en gran parte del electorado.
La reforma judicial, bandera del expresidente López Obrador, enfrenta críticas por posibles riesgos a la independencia judicial. Organismos internacionales alertan sobre candidatos con vínculos a narcotráfico y corrupción compitiendo por puestos clave. “Plata o plomo sigue siendo la realidad”, advierte Martha Tamayo, abogada y exdiputada.
Mientras el gobierno celebra este ejercicio como un avance democrático, académicos como Julio Ríos Figueroa del ITAM alertan sobre el “agrandamiento del poder Ejecutivo” si los jueces electos muestran afinidad política con el oficialismo. Las primeras impresiones sugieren un sistema judicial más vulnerable ante el crimen organizado.
El conteo de votos, sin tecnología PREP por recortes presupuestales, se extenderá hasta el 10 de junio. Las cámaras instaladas en centros de cómputo buscan garantizar transparencia en este proceso que marcará el rumbo de la justicia mexicana en la era digital.
En paralelo, crece la preocupación por la posible judicialización de la política y la politización de la justicia, en un país que busca reinventar sus instituciones mientras enfrenta desafíos de seguridad y corrupción sistémica. Los resultados definirán si México avanza hacia una justicia ciudadana o profundiza sus crisis institucionales.

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