La Corte Suprema revisará el pago de un dólar diario a migrantes detenidos

WASHINGTON — La Corte Suprema de EE.UU. aceptó revisar un polémico caso que podría redefinir los derechos laborales de los migrantes en centros de detención privados. GEO Group, una de las mayores empresas carcelarias del país, busca anular una demanda que denuncia el pago de apenas un dólar diario por trabajos forzados, una práctica que algunos califican como esclavitud moderna.

El conflicto legal estalla cuando un tribunal inferior permitió avanzar la denuncia de 2014, donde se acusa a GEO Group de obligar a detenidos a realizar labores de limpieza y mantenimiento sin remuneración justa. La empresa alega que sus tarifas cumplen con las regulaciones de ICE y que, al operar bajo contrato federal, goza de inmunidad judicial. Sin embargo, abogados defensores argumentan que ningún contrato justifica pagos simbólicos en pleno siglo XXI.

Este caso no es aislado: en Washington, la misma compañía fue condenada a pagar 23 millones de dólares por prácticas similares. ¿Hasta dónde puede llegar la privatización de la justicia migratoria? La decisión de la Corte podría sentar un precedente histórico: o bien consolida un sistema que monetiza la vulnerabilidad humana, o marca el inicio de una reforma que reconozca la dignidad laboral de todos, sin importar su estatus migratorio.

Mientras GEO Group gestiona 77,000 camas en 98 centros —incluyendo el polémico complejo de Aurora, Colorado—, activistas como el alcalde Ras Baraka ya han alzado su voz. ¿Será este el caso que exponga ante el mundo las contradicciones de un sistema que criminaliza la migración mientras se beneficia de mano de obra cautiva? La batalla legal apenas comienza, pero sus repercusiones resonarán en cada centro de detención del país.