Trump presiona a la Corte Suprema para avanzar con recortes en empleos federales

En un movimiento audaz, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado su lucha legal para reducir drásticamente la fuerza laboral federal, llevando el caso ante la Corte Suprema después de que un tribunal de apelaciones bloqueara los planes. ¿Qué hay detrás de esta insistencia y qué revelan los documentos judiciales?

La solicitud urgente presentada este lunes ante el máximo tribunal busca anular una orden judicial emitida por la jueza federal Susan Illston, quien determinó que el gobierno necesita autorización del Congreso para realizar despidos masivos. Pero, ¿por qué la Casa Blanca insiste en acelerar estos recortes pese a las advertencias sobre su impacto en servicios críticos?

Según documentos obtenidos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado inicialmente por el polémico Elon Musk, ha estado al frente de esta iniciativa. Sin embargo, la salida abrupta de Musk la semana pasada plantea nuevas interrogantes: ¿Hubo desacuerdos internos sobre la estrategia? ¿O simplemente abandonó un proyecto insostenible?

Testimonios de empleados federales afectados revelan un panorama desolador: más de 75,000 trabajadores aceptaron renuncias incentivadas, mientras miles en período de prueba fueron despedidos sin mayor explicación. “Esto no es eficiencia, es desmantelamiento”, denuncia un sindicalista bajo condición de anonimato.

Lo más preocupante, según expertos consultados, es que los recortes afectarían áreas sensibles como seguridad alimentaria, atención a veteranos y protección ambiental. Un juez del Noveno Circuito advirtió en su voto disidente sobre “consecuencias catastróficas irreversibles”. ¿Está la administración subestimando estos riesgos?

La próxima semana podría ser decisiva: la Corte Suprema ha dado plazo hasta el lunes para que sindicatos y ciudades como Chicago y San Francisco respondan. Mientras tanto, una pregunta queda flotando: ¿Se trata realmente de optimizar el gobierno o de cumplir una promesa política a cualquier costo?

Lo cierto es que, más allá de los argumentos legales sobre la autoridad presidencial, miles de familias enfrentan incertidumbre laboral. Y como revelan documentos internos filtrados, ni siquiera el DOGE tenía claros los criterios para determinar qué puestos eran “prescindibles”. Un misterio que la Corte deberá resolver.