Revelan negligencia en casos de desapariciones forzadas en Jalisco

¿Qué ocultan las autoridades de Jalisco? Una investigación profunda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) expone un patrón alarmante de negligencia, omisiones deliberadas y posible complicidad en la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023. Los hallazgos, plasmados en la recomendación 13/25, revelan un sistema fracturado donde la falta de coordinación entre instituciones convierte la búsqueda de justicia en una carrera obstaculizada.

Documentos obtenidos por este medio detallan cómo la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (VEPD) opera en silos: no comparte información clave con la Comisión de Búsqueda (COBUPEJ) ni solicita pruebas vitales como registros telefónicos o imágenes de cámaras de vigilancia. “Es como si no quisieran resolver los casos”, afirma un familiar de una víctima bajo condición de anonimato.

Entre los casos más escandalosos destaca el de un cuerpo que permaneció 9 años en la morgue sin ser identificado, pese a que su familia buscaba activamente. “Nos tomaron muestras de ADN en 2022, pero nadie nos dijo que ya lo tenían”, relata la hermana de la víctima. ¿Cuántos casos similares permanecen ocultos?

La investigación también descubrió la participación de policías municipales en al menos una desaparición forzada en Sayula. Testigos identificaron a tres agentes como los responsables de llevarse a una persona tras una disputa vecinal en 2020. Sin embargo, no existe registro oficial de la detención. ¿Protegen las instituciones a sus propios?

En Tomatlán, el silencio fue aún más grotesco: el ayuntamiento ocultó por 11 días la desaparición de uno de sus propios policías, secuestrado por hombres armados. “Nadie movió un dedo hasta que llegué a la Fiscalía”, denuncia su pareja.

Estas revelaciones plantean preguntas incómodas: ¿Las demoras son incompetencia o encubrimiento? ¿Por qué familias deben convertirse en investigadores, arriesgando sus vidas? La CEDHJ concluye que estas fallas no solo prolongan el dolor, sino que violan derechos fundamentales. La pregunta que queda es: ¿alguien rendirá cuentas?