Nacional
La SCJN tendrá nuevos ministros con récord de abstencionismo
La histórica baja participación marca un hito en la elección judicial más polémica de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- En un ejercicio democrático que dejó más preguntas que respuestas, el INE cerró el cómputo de la elección más atípica para integrar la Suprema Corte de Justicia: solo 13 de cada 100 mexicanos ejercieron su voto. ¿Estamos ante el colapso del sistema judicial o el nacimiento de un nuevo paradigma?
Los resultados confirman lo que muchos anticipaban: el tribunal quedará en manos de figuras alineadas con el proyecto de la 4T. Hugo Aguilar Ortiz, estratega clave de López Obrador, liderará el máximo órgano judicial. ¿Es esto la politización de la justicia o una reinvención necesaria del poder judicial?
Con apenas 12.9 millones de votos emitidos (frente a 99.7 millones convocados), esta elección rompe todos los récords de desinterés ciudadano. Pero más que un fracaso, podría ser un síntoma de que el sistema actual está obsoleto. ¿Y si en lugar de lamentar la abstención, la viéramos como un grito de reinvención democrática?
El INE advierte que estos números no son comparables con consultas populares anteriores, pero la realidad es contundente: México parece haber entrado en una nueva era donde las instituciones tradicionales ya no movilizan a la ciudadanía. ¿Será hora de repensar completamente cómo designamos a nuestros jueces?
Los números que redefinirán la justicia mexicana
Los electos representan porcentajes mínimos del padrón total, planteando un dilema existencial: ¿puede considerarse legítimo un tribunal cuyos integrantes fueron elegidos por menos del 6% de la población? Los resultados finales muestran:
- Hugo Aguilar Ortiz: 6,195,612 votos (5.3%)
- Lenia Batres: 5,802,019 (4.9%)
- Yasmín Esquivel: 5,310,993 (4.5%)
- Loretta Ortiz: 5,012,094 (4.2%)
- Estela Ríos: 4,729,803 (4.0%)
Mientras el INE prepara la entrega formal de constancias, el verdadero debate no debería ser sobre los ganadores, sino sobre si este modelo de elección judicial sigue siendo viable en el siglo XXI. ¿No sería momento de explorar sistemas híbridos que combinen participación ciudadana con evaluación técnica? La revolución judicial podría comenzar cuestionando sus propios fundamentos.

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