Los Alegres del Barranco y la fiscalía que persigue notas musicales

En un giro tragicómico digno del realismo mágico latinoamericano, la Fiscalía de Jalisco ha demostrado su infalible estrategia contra el crimen organizado: perseguir acordes musicales mientras los cárteles organizan fiestas de gala con invitados de alto perfil. Los Alegres del Barranco, ese peligroso grupo de melodías contagiosas, enfrentan ahora la confiscación de 5.8 millones de pesos, porque según las brillantes mentes legales, “ganar dinero tocando música es claramente sospechoso”.

El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán, mientras ajustaba su corbata con la misma precisión con que ignora los narco-palacios de lujo, explicó: “Estamos seguros de que estos artistas son una amenaza mayor que los contenedores llenos de fentanilo. ¡Cantaron sobre cosas prohibidas! Eso equivale a financiar el terrorismo”. La fiscalía, en su infinita sabiduría, ha determinado que los ingresos por conciertos son “recursos de procedencia ilícita”, a menos, claro está, que provengan de sobornos gubernamentales, esos sí perfectamente legales.

Mientras tanto, en otro universo paralelo (llamado “México real”), los verdaderos capos se ríen desde sus mansiones, brindando con champagne francés por la distracción mediática. “Qué suerte tenemos de que persigan a los músicos y no a nuestros testaferros con cuentas en Panamá”, deben pensar mientras firman cheques para las próximas campañas electorales.

La cereza del pastel: si se confirma la culpabilidad de estos peligrosos cantantes, el dinero “pasaría al estado”. Es decir, a los mismos funcionarios que no pueden explicar cómo crecieron sus patrimonios un 300% en tres años. ¡Qué conveniente! Como diría Jonathan Swift: “Nada une más a un político y un criminal que una buena confiscación”.

Así termina esta farsa burocrática donde los únicos presos son los compases musicales, mientras las cuentas offshore siguen bailando al ritmo de “Cielito Lindo”.