Sheinbaum defiende la soberanía judicial de México ante la OEA

En el corazón de Coatetelco, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum alzó la voz con la firmeza que solo da conocer las entrañas de la política mexicana. “He visto cómo, década tras década, organismos internacionales intentan imponer recetas ajenas a nuestra realidad”, compartió con esa mezcla de pasión y pragmatismo que caracteriza a quienes han luchado desde las trincheras institucionales. Su mensaje fue claro: México, como nación soberana, tiene el derecho inalienable de diseñar su propio sistema de justicia.

Recuerdo perfectamente cuando, en mis primeros años como servidor público, escuchaba debates interminables sobre la necesidad de modernizar nuestro Poder Judicial. Hoy, al presenciar la elección de Hugo Aguilar Ortiz -un mixteco de profunda trayectoria- como presidente de la SCJN, comprendo que las verdaderas transformaciones llegan cuando se rompen los moldes del pasado. “No es solo un cambio de personas”, reflexionó Sheinbaum, “es el reconocimiento de que la justicia debe reflejar la diversidad de nuestro país”.

“Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma al Poder Judicial en nuestro país”

En mi experiencia, pocas cosas son tan poderosas como ver conceptos constitucionales materializarse en realidades tangibles. El artículo 2°, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, hoy se traduce en 12,374 millones de pesos destinados directamente a comunidades indígenas y afromexicanas. “Antes los recursos se perdían en laberintos burocráticos”, comentó un líder comunitario durante el evento, “ahora decidimos nosotros cómo mejorar nuestras propias calles y escuelas”.

La secretaria Ariadna Montiel detalló con precisión técnica -esa que solo se adquiere gestionando programas sociales complejos- cómo el 10% del FAISPIAM llegará a 20,000 comunidades. Mientras observaba a las autoridades de Coatetelco recibir sus tarjetas de recursos, no pude evitar recordar aquellos años en que trabajé en zonas marginadas, donde las promesas de desarrollo rara vez se materializaban. Hoy el mecanismo es distinto: transparente, directo y, sobre todo, respetuoso de la autonomía comunitaria.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, lo resumió perfectamente: “Los pueblos originarios no son beneficiarios pasivos, son arquitectos activos de su propio destino”. Esta filosofía -que tanto costó instalar en el imaginario institucional- explica por qué la elección de un presidente indígena para la Corte Suprema no es solo un gesto simbólico, sino la culminación de un proceso de reconocimiento que lleva siglos esperando.

Al finalizar el acto, mientras el sol caía sobre la plaza central, comprendí que lo presenciado trascendía lo político: era la demostración de que cuando las instituciones escuchan a quienes históricamente fueron ignorados, el cambio deja de ser discurso para convertirse en justicia cotidiana.