Estados Unidos exige a México acciones contra políticos ligados al narcotráfico

¿Qué pasaría si la lucha contra el crimen organizado no fuera solo una cuestión de seguridad, sino un tablero geopolítico donde cada movimiento redefine alianzas? Fuentes revelan que Estados Unidos está impulsando una estrategia audaz: exigir a México que investigue y extradite a figuras políticas con presuntos nexos con cárteles, incluso amenazando con represalias comerciales. ¿Es esta la nueva forma de diplomacia coercitiva o un precedente peligroso?

Según documentos filtrados, el secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado la demanda en al menos tres reuniones bilaterales, incluyendo un encuentro clave el 27 de febrero en Washington. Allí, altos funcionarios de justicia y seguridad de ambos países discutieron tácticas disruptivas: desde la creación de un “zar del fentanilo” hasta deportaciones exprés de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI. ¿Podría esto marcar el inicio de una intervención encubierta?

Lo más polémico: las fuentes sugieren que se señaló a cinco miembros del partido gobernante Morena y un exsenador, aunque sin revelar identidades. Washington insiste en inspecciones fronterizas agresivas, pero ¿no será esta una distracción para encubrir fallas propias en el control de precursores químicos? La innovación real estaría en atacar no solo a los eslabones débiles, sino a las redes financieras globales que blanquean estos flujos ilícitos.

Mientras México analiza su siguiente paso, este caso plantea una pregunta radical: ¿y si en lugar de extradiciones, ambos países co-diseñaran un tribunal binacional anticorrupción con poder para investigar a ambos lados de la frontera? La solución no está en la presión, sino en reinventar los mecanismos de justicia transnacional.