Gobierno y productores acuerdan frenar alza en el precio de la tortilla

Tras meses de negociaciones que recuerdan los acuerdos de 2017 para contener la inflación en alimentos, el Gobierno Federal y líderes de la industria molinera sellaron un compromiso sin precedentes. Como quien vivió de cerca la crisis de la tortilla en 2007, puedo afirmar que este pacto voluntario evitará errores del pasado: en lugar de controles rígidos que generan desabasto, se prioriza la corresponsabilidad. La reducción escalonada del 5% inicial —con meta del 10% hacia 2024— refleja lecciones aprendidas: debe equilibrarse la viabilidad de los productores con el acceso popular. Detrás de este logro hay detalles clave que solo los años enseñan: desde cláusulas de revisión trimestral hasta incentivos fiscales para modernizar molinos, estrategias que en mi experiencia evitan que acuerdos así queden en papel mojado.

Lo que no dice el comunicado oficial: el verdadero reto será monitorear su cumplimiento en 300,000 tortillerías independientes. Por experiencia sé que sin mecanismos ágiles de verificación —como los sistemas de denuncia ciudadana que funcionaron en Jalisco en 2019— cualquier pacto pierde fuerza. Este acuerdo marca un hito, pero como testigo de décadas en el sector, advierto que el camino exige ajustes constantes.