Yucatán reforma su sistema de transparencia para cumplir con mandato federal

El Gobierno de Yucatán avanza con una reforma disruptiva para alinear su marco normativo con las exigencias federales en materia de transparencia. Este cambio estructural implica la reconfiguración de los organismos locales de acceso a la información, marcando un antes y después en la gestión de datos públicos.

La Consejería Jurídica confirmó que la propuesta, actualmente en fase de revisión técnica, requiere adaptaciones profundas: desde reasignaciones presupuestarias hasta modernización de infraestructura digital. La Secretaría de la Contraloría absorberá las competencias del Inaip, mientras surge una nueva entidad especializada bajo la futura Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Gaspar Alemañy Ortiz, titular de la Consejería, detalló un plan de transición de 90 días para implementar este ecosistema renovado. “Estamos trabajando contra reloj”, admitió, refiriéndose al plazo federal del 20 de junio para integrarse al Sistema Nacional de Transparencia.

La iniciativa legislativa incluye modificaciones a la Ley de Transparencia y al Código Administrativo, garantizando continuidad operativa. Sin embargo, el proceso depende de la aprobación expedita de reformas constitucionales locales en el Congreso yucateco.

Este movimiento refleja la tendencia global hacia modelos de gobernanza más ágiles, donde la rendición de cuentas y la tecnología se fusionan. La administración yucateca busca posicionarse a la vanguardia, aunque el reto radica en mantener estándares de apertura durante la reconversión institucional.