La FGR investiga a juez que liberó a implicada en compra de Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido abrir un frente inusual en su batalla por la transparencia: investigar a una de sus propias juezas. Alejandra Domínguez Santos, magistrada del Centro de Justicia Penal Federal, enfrenta ahora un expediente por presuntos delitos contra la administración de justicia, tras exonerar a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta PGR, en el escándalo de la compra del software espía Pegasus.

¿Qué llevó a la juez a ignorar lo que la FGR califica como “evidencia contundente”? Documentos obtenidos por este medio revelan que la decisión se tomó pese a testimonios clave y registros financieros que vinculaban a la exfuncionaria con una transacción de 460 millones de pesos. Fuentes cercanas al caso, que hablaron bajo condición de anonimato, sugieren que existen intereses políticos no declarados detrás de esta resolución.

La Fiscalía no se ha limitado a aceptar el fallo. Además de presentar un recurso de apelación, ha iniciado una pesquisa sin precedentes contra Domínguez Santos. “Cuando quienes deben garantizar justicia parecen proteger a los investigados, debemos preguntarnos quién vigila a los vigilantes”, declaró un alto funcionario de la FGR en condición de reserva.

El caso se complica con la situación de Vidal Díazleal Ochoa, exdirector del Cenapi, quien solo fue vinculado por uno de cuatro delitos investigados. ¿Se trata de un patrón de impunidad selectiva? Expertos consultados señalan irregularidades procesales que podrían indicar fallas sistémicas en el órgano judicial.

Esta investigación periodística continuará profundizando en las conexiones entre los actores involucrados, las posibles presiones externas sobre el poder judicial y los documentos que podrían cambiar radicalmente la comprensión pública de este caso emblemático.