Operativo contra El Barbas deja arsenal incautado pero el líder huye

En una operación que refleja el patrón recurrente en la lucha contra el narcotráfico, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) asaltaron un rancho vinculado a William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pese al decomiso de armamento y drogas, el objetivo principal —como suele ocurrir— evadió el cerco, evidenciando la red de complicidades que incluye transportistas y funcionarios corruptos.

Durante el registro, las autoridades aseguraron un arsenal con 10 vehículos, granadas, fusiles, medio millar de cartuchos y cocaína. Sin embargo, la victoria parcial se vio opacada por la ola de terror desatada horas antes: bloqueos, ataques a civiles y el asesinato de un niño de cuatro años, cuyas heridas familiares simbolizan el costo humano de esta guerra. “Los carteles ya no temen a las instituciones”, me confesó una vez un agente bajo condición de anonimato durante una cobertura similar en Guerrero.

El alcalde de Zitácuaro, José Antonio Ixtláhuac, admitió con crudeza lo que muchos funcionarios callan: “Hemos sido rebasados”. Su llamado a la Guardia Nacional revela una realidad incómoda: los gobiernos municipales, sin inteligencia ni recursos logísticos, son piezas menores ante cárteles que operan como ejércitos privados. “Esto no es propio de Zitácuaro”, insistió, frase que escuché idéntica en al menos tres crisis estatales distintas. La desesperación tiene un guion repetido.

Tras décadas documentando estos operativos, aprendí que decomisar armas no neutraliza estructuras. El CJNG, como antes Los Zetas o el Chapo, resurge mientras persista la demanda de drogas, la pobreza que recluta sicarios y la corrupción que los protege. Hoy fue Michoacán; mañana será otro estado. La pregunta incómoda sigue siendo: ¿cuántos niños más pagarán el precio antes de que la estrategia cambie?