La farsa democrática de la reforma para desaparecidos

En un alarde de eficiencia burocrática, la Segob ha perfeccionado el arte de escuchar sin oír. Tras dos meses de supuestas consultas con 400 colectivos, la reforma sobre desapariciones fue redactada exclusivamente por tres grupos afines al gobierno, en lo que los manuales de ciencia política llamarían “dictablanda participativa“.

La joya de la corona: otorgar voz y voto a la CEAV, institución cuya titular, Yuriria Rodríguez, es tan popular entre las buscadoras como un cactus en un cojín. “Es como poner a un vampiro a cargo del banco de sangre“, comentó una madre mientras quemaba el décimo oficio sin respuesta.

El ritual de simulación incluyó 17 reuniones “francas y propositivas” (léase: monólogos con café institucional) donde, según testigos, “las propuestas viajaron directamente del micrófono al basurero“. Laura Cázares de DECOFEM lo resumió: “Gastamos nuestro dinero para ser decorados humanos en su teatro de la participación“.

La perla administrativa: exigir CURP para buscar desaparecidos, pero “sin condicionar” la búsqueda. “Traducción: llévenos este documento que probablemente no tengan, pero no se preocupen, es solo un trámite simbólico“, explicó un burócrata mientras archivaba 532 solicitudes “incompletas”.

Mientras el Senado prepara el fast track legislativo (método que consiste en aprobar leyes antes de leerlas), las buscadoras reciben el clásico “espérense a diciembre“, fecha mágica donde las promesas gubernamentales se evaporan como el alcohol en las ruedas de prensa.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos, en un arrebato de optimismo patológico, aún cree que los legisladores leerán sus propuestas. Mientras, en Nuevo León califican la reforma de “regresiva“, eufemismo para “más de lo mismo con nuevo membrete“.

Epílogo: México perfecciona así su tríada mágica: desapariciones forzadas, búsquedas inútiles y reformas cosméticas. Todo un circo trágico donde las únicas que no actúan son las madres que siguen buscando entre escombros y papelerías.