La militarización acelerada de la Guardia Nacional genera alerta

En un proceso legislativo vertiginoso y opaco, la Cámara de Diputados se apresta a aprobar cambios profundos en la estructura de seguridad nacional. ¿Por qué la urgencia? Fuentes parlamentarias revelan que, en apenas 48 horas y sin consultar a expertos, se discutirá la transferencia definitiva del control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Documentos obtenidos por este medio muestran que la iniciativa, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, modifica ocho marcos jurídicos, siete de ellos relacionados directamente con las fuerzas armadas. El proyecto, enviado el 9 de junio a la Comisión Permanente, fue dictaminado en tiempo récord: nueve días después ya estaba listo para votación.

Lo que pocos saben: el dictamen establece que los integrantes de la Guardia Nacional adquirirán rango militar, con un General de División al mando. Más preocupante aún, quedarán sujetos al fuero de guerra y podrán realizar operaciones encubiertas, incluyendo la polémica técnica de “usuarios simulados”, cuestionada por violar garantías individuales.

Testimonios de legisladores opositores, que pidieron reserva de identidad, denuncian que la reforma permitirá el acceso sin restricciones a datos personales. “Podrán geolocalizar cualquier teléfono móvil en tiempo real y acceder a registros biométricos sin supervisión judicial efectiva”, advierte uno de ellos.

La investigación revela que paralelamente se aprobará la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que creará un registro centralizado de usuarios de telefonía. Aunque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, promete modificaciones, hasta ahora nadie conoce su contenido. ¿Qué se esconde detrás de esta carrera legislativa? Fuentes cercanas al debate sugieren que se busca consolidar un aparato de vigilancia masiva bajo control castrense.

Mientras organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública, el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para combatir el crimen organizado. Sin embargo, expertos consultados cuestionan: ¿a qué precio? Los documentos muestran que las nuevas facultades incluyen intervenciones telefónicas y acceso a información fiscal, vehicular e inmobiliaria sin órdenes judiciales previas.

Este medio confirmó que, pese a las críticas, la bancada oficialista y sus aliados tienen como prioridad absoluta aprobar estas leyes en el actual periodo extraordinario. La pregunta que queda flotando: ¿estamos ante una reconfiguración irreversible del equilibrio entre seguridad y libertades civiles?