Juez ordena a Instagram eliminar contenido de una menor en caso histórico

En un precedente legal sin igual, un juez federal de Naucalpan ha emitido una orden que obliga a Instagram a retirar todo el material vinculado a una adolescente, marcando el primer caso público donde se reconoce un amparo contra una plataforma digital como si fuera una entidad gubernamental. ¿Hasta qué punto las redes sociales deben responder por el contenido que albergan?

El magistrado Samuel Sánchez Sánchez, titular del Décimo Tercer Juzgado de Distrito en el Estado de México, otorgó el 18 de junio una medida cautelar tras la presión de un tribunal colegiado. La decisión responde a una demanda presentada el 31 de enero por el progenitor de la joven, identificada bajo las siglas COP, quien alega violaciones a los derechos fundamentales de su hija.

“Se concede la suspensión provisional para que las autoridades competentes gestionen la eliminación de todo contenido asociado a la menor COP en Instagram“, dictaminó el juez, subrayando que “la protección de la integridad de los menores debe prevalecer, ya sea en ámbitos privados o públicos”.

Este jueves, el juzgado definirá si emite una resolución permanente, la cual permanecería vigente durante el litigio. El núcleo del debate: ¿constituye la publicación de imágenes de la adolescente una vulneración a sus garantías individuales? Documentos consultados revelan que, inicialmente, la petición fue rechazada por “improcedencia evidente”, al considerar que la madre —quien administraba el perfil— actuaba en ejercicio de sus derechos parentales. Sin embargo, el padre insiste en que la cuenta exhibía “material inapropiado“.

En un giro revelador, el Segundo Tribunal Colegiado Administrativo revocó el rechazo inicial el 29 de mayo, argumentando que la relación entre tecnologías digitales y derechos humanos merece un “análisis exhaustivo”. “Subestimar la influencia de estas corporaciones en la vida privada sería un error”, sentenció la mayoría, en una votación dividida (2-1).

Expertos consultados advierten que este caso podría redefinir los límites legales de las plataformas virtuales. Mientras tanto, la sentencia final promete responder una pregunta crucial: ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza la explotación digital?