El Gran Hermano mexicano ahora tendrá llave a tus huellas y cuentas bancarias

En un acto de generosidad burocrática sin precedentes, los ilustres miembros de la Cámara de Diputados han decidido que los ciudadanos ya no necesitan custodiar sus propios datos. Con la solemnidad de quien reparte dulces en una piñata, aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, un nombre tan largo como la lista de libertades que ahora reposan en manos de la SSPC y la Guardia Nacional.

La discusión parlamentaria —un maratón de 17 horas donde se debatió con fervor la eliminación de una letra “a”— demostró el rigor intelectual de nuestros representantes. La diputada Petra Romero Gómez (Morena) lideró esta batalla épica contra la gramática, logrando que el artículo 23 sonara menos como un trabalenguas y más como un decreto orwelliano.

Entre los tesoros que el gobierno ahora podrá hurgar como niño en bolsa de Halloween: huellas dactilares, historiales telefónicos, placas vehiculares y hasta ese rifle que el abuelo tenía olvidado en el granero. Todo ello, claro, con el “previo control judicial” que tanto tranquiliza, especialmente cuando proviene de quienes suelen confundir “separación de poderes” con “sugerencias amistosas”.

La oposición, en un arranque de creatividad, advirtió que esto podría usarse para espionaje político. ¡Vaya descubrimiento! Como si no supiéramos que en México jamás se ha usado una base de datos para fines distintos a los declarados. ¿Acaso olvidan el histórico uso responsable del REPUVE o el padrón electoral?

El Senado tiene ahora la oportunidad de refrendar esta joya democrática antes del 2 de julio. Corre contra el reloj, porque ¿qué mejor manera de celebrar nuestra independencia que regalando la privacidad? 1984 era una distopía, pero en versión nacional viene con salsa verde y limón.