Grupo Salinas adeuda 74 mil millones en impuestos

El Gobierno Federal informó que Grupo Salinas, conglomerado propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, mantiene un adeudo fiscal de más de 74 mil millones de pesos, monto actualmente en litigio a través de 32 juicios activos ante el Poder Judicial.

Durante la conferencia matutina, la procuradora fiscal Grisel Galeano García detalló que varios de estos casos datan desde 2008, acumulando 16 años sin cumplir con las obligaciones fiscales. Señaló que la empresa ha utilizado una estrategia legal basada en una “cascada” de recursos judiciales para evadir el pago de impuestos.

“Grupo Salinas ha interpuesto hasta siete impedimentos y siete recusaciones en un solo amparo, alegando que los ministros tienen intereses personales en su contra”, afirmó Galeano.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el motivo de los ataques contra su propuesta de reforma al Poder Judicial tiene su origen en intereses como el de Grupo Salinas, quienes —dijo— se beneficiaban del “régimen de privilegios y corrupción”.

“No quieren pagar impuestos. Por eso tanta crítica y enojo contra la elección judicial, porque algunos ministros protegían estos retrasos o resolvían a su favor. Eso es una injusticia a gran escala”, señaló la mandataria.

Sheinbaum confió en que, con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la reforma aprobada y del proceso electoral del 1 de junio, los juicios pendientes avancen con imparcialidad y el grupo empresarial sea obligado a cumplir.

Por su parte, la procuradora fiscal agregó que aunque Grupo Salinas “sabe que no tiene la razón”, continúa utilizando su fuerza corporativa para litigar, lo que ha derivado en una prolongación intencional de los procesos judiciales. Sin embargo, dijo confiar en que las nuevas autoridades judiciales actuarán con imparcialidad y celeridad.

“Pedimos una justicia pronta y expedita. Ya no deben seguir funcionando estas tácticas de evasión”, concluyó Galeano.

El caso pone de nuevo en el centro del debate la relación entre grandes corporativos, el sistema judicial y la política fiscal, en un país donde la equidad tributaria se ha convertido en una de las principales banderas del actual gobierno.