Ocho policías dados de baja en Celaya por presunta extorsión

¿Qué llevó a ocho agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a cruzar la línea entre la vigilancia y el abuso de poder? Una investigación exhaustiva revela los detalles detrás de su abrupta baja tras ser acusados de intentar extorsionar a trabajadores de una gasolinera en Celaya, municipio que ni siquiera era su jurisdicción asignada.

Según documentos obtenidos por este medio, los oficiales —destacados originalmente en otros municipios— habrían utilizado patrullas oficiales para amedrentar a civiles en el Eje Norponiente. Pero, ¿actuaban por iniciativa propia o respondían a una estructura más amplia? Testigos relataron a nuestras fuentes que los uniformados exigían pagos bajo amenaza, un modus operandi que, según expertos consultados, sugiere patrones recurrentes en la región.

La intervención de la Policía Municipal tras una llamada al 911 desencadenó el operativo. Sin embargo, fuentes internas cuestionan: ¿por qué los agentes estatales fueron entregados a sus superiores en lugar de ser detenidos in fraganti? Un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó su separación del cargo, pero omitió detalles clave sobre investigaciones previas contra los implicados.

Lo más inquietante: el caso salió a la luz gracias a videos ciudadanos viralizados en redes, no por mecanismos internos de control. “Esto expone fisuras en los protocolos de supervisión”, advierte un exfiscal anticorrupción bajo condición de anonimato. Mientras las autoridades prometen “sanciones conforme a derecho”, organizaciones civiles exigen auditorías independientes para determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica sistémica.

La dependencia estatal reiteró su compromiso con la legalidad, pero la pregunta persiste: ¿cuántos casos similares permanecen ocultos? Ante la opacidad, el llamado a denunciar al 089 parece, para algunos, un paliativo insuficiente en un sistema que requiere reformas estructurales.