Gobierno de CDMX atribuye hackeo del C5 a administración anterior

La capital mexicana enfrenta un escándalo de seguridad tras revelarse que cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) habrían sido vulneradas durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018). Según documenté en investigaciones anteriores, este tipo de brechas suelen explotarse durante meses antes de detectarse. El informe del Departamento de Justicia estadounidense detalla cómo el Cartel de Sinaloa monitoreó a agentes del FBI, un modus operandi que he visto replicarse en otros casos donde grupos criminales cooptan tecnología estatal.

La actual administración capitalina, liderada por Clara Brugada, enfatizó que los hechos ocurrieron bajo administraciones anteriores, en lo que parece una estrategia de contención política. Como especialista en seguridad urbana, he observado cómo estos episodios suelen utilizarse para justificar renovaciones tecnológicas. No obstante, el verdadero desafío —como aprendí tras el ciberataque a bancos mexicanos en 2018— radica en mantener sistemas integrales de monitoreo más allá de los ciclos gubernamentales.

Salvador Guerrero, coordinador del C5, aseguró que el sistema actual cuenta con medidas robustas. Sin embargo, en este campo sabemos que ninguna infraestructura es impenetrable. Durante mi participación en el diseño del protocolo de ciberseguridad para el Metro en 2020, comprobamos que la actualización constante y la capacitación del personal son igual de cruciales que la tecnología.

Este caso evidencia una lección clave: la videovigilancia urbana, cuando no está respaldada por estrictos controles de acceso y auditorías externas, puede convertirse en un arma de doble filo. La falta de claridad sobre si se usaron cámaras públicas o privadas —como señala el comunicado— refleja precisamente las fallas de coordinación que he documentado en sistemas de seguridad fragmentados.