El testigo inconveniente que el sistema premia y la justicia olvida

WASHINGTON, DC. — En un giro que solo la burocracia estadounidense podría concebir, el gobierno del exmandatario Donald Trump —ese paladín de la “ley y orden”— ha decidido premiar a un traficante de personas, ebrio con gatillo fácil, con el codiciado estatus de “testigo protegido”. José Ramón Hernández Reyes, un delincuente reincidente cuyo historial incluye desde contrabando humano hasta balaceras etílicas, ha sido liberado anticipadamente y alojado en lo que las autoridades describen como un “hogar de transición”, aunque bien podría llamarse “premio por colaborar con el circo legal”.

Mientras tanto, Kilmar Ábrego García —un obrero salvadoreño convertido en chivo expiatorio de las políticas migratorias— sigue en el limbo jurídico. Primero lo deportaron por error, luego lo trajeron de vuelta como si fuera un paquete perdido por Correos, y ahora los fiscales insisten en procesarlo basándose en el testimonio de un hombre que, irónicamente, debería estar tras las rejas. ¿La prueba clave? Una camioneta que, según el Departamento de Seguridad Nacional, era el vehículo del crimen. Porque nada dice “justicia blindada” como construir un caso sobre las palabras de un cómplice recompensado.

Los abogados de Ábrego, en un arranque de lucidez, han pedido que su cliente permanezca en prisión… para evitar que ICE lo deporte otra vez por descuido. Sí, han leído bien: en este reality show legal, la cárcel es el lugar más seguro. Mientras tanto, Hernández Reyes disfruta de su libertad condicional, demostrando una vez más que en el sistema judicial estadounidense, el valor de un migrante se mide por su utilidad política, no por su humanidad.

Así funciona la maquinaria: un hombre es deportado y repatriado como mercancía defectuosa, mientras otro —con antecedentes penales dignos de un villano de telenovela— recibe indulgencia por cantar como canario. Todo ello bajo el espectáculo mediático de una administración que convirtió la crueldad migratoria en plataforma electoral. Swift hubiera añadido este caso a Los viajes de Gulliver como ejemplo de cómo los gobiernos convierten la justicia en farsa.