Reformas legales habilitan vigilancia masiva sin garantías para derechos ciudadanos

¿Está México construyendo, bajo el pretexto de la seguridad, un sistema orwelliano de control ciudadano? La organización Artículo 19 ha destapado lo que describe como “la configuración de un aparato de vigilancia masiva, intrusivo y sin controles efectivos”, tras analizar las reformas aprobadas en tiempo récord por el Congreso.

Documentos obtenidos por nuestro equipo revelan que las modificaciones a la Ley de Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional otorgan acceso ilimitado a bases de datos personales -desde registros telefónicos hasta ubicaciones en tiempo real- sin requerir autorización judicial. “Es la receta perfecta para el abuso sistemático”, advierte un experto en protección de datos que pidió anonimato por temor a represalias.

Fuentes dentro del Centro Nacional de Inteligencia confirmaron, bajo condición de confidencialidad, que las nuevas facultades permitirán cruzar información de 17 bases de datos públicas y privadas. “Lo preocupante”, señala un informe interno al que tuvimos acceso, “es que no existen protocolos claros sobre qué constituye ‘inteligencia legítima’ ni límites temporales para conservar datos”.

El rompecabezas se completa con la Plataforma Única de Identidad, que centralizará desde historiales médicos hasta patrones de consumo. Tres legisladores opositores entrevistados coinciden: “Es el sueño húmedo de cualquier régimen autoritario”.

Mientras el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para combatir el crimen organizado, especialistas consultados demuestran con datos de 12 países que sistemas similares han derivado en:

• Persecución de periodistas y activistas (63% de los casos)
• Filtraciones masivas de datos (41%)
• Uso político de información (78%)

La investigación revela un patrón alarmante: 14 de las 22 reformas aprobadas en el periodo extraordinario eliminaron salvaguardas de privacidad existentes. “No es casualidad”, afirma el director jurídico de Artículo 19. “Están construyendo la infraestructura legal para un Estado de vigilancia total”.

¿Quién vigilará a los vigilantes? La respuesta, según los documentos analizados, es preocupante: nadie. Las propias reformas eliminaron los mecanismos de supervisión ciudadana que existían en versiones anteriores de las leyes.