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FGR investiga a Peña Nieto por presuntos pagos vinculados al espionaje con Pegasus

La FGR avanza en el caso de presunta corrupción con el software Pegasus, mientras busca cooperación internacional.

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El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó hoy la apertura de una investigación formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, tras revelaciones de empresarios israelíes que admitieron pagar aproximadamente 25 millones de dólares durante su mandato (2012-2018) para obtener contratos públicos, incluida la adquisición del polémico software de vigilancia Pegasus.

Durante la habitual conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Gertz Manero detalló que la Fiscalía General de la República solicitará oficialmente datos a Israel para sustentar el caso. “La colaboración con las autoridades israelíes ha sido compleja históricamente”, reconoció el titular de la FGR, refiriéndose a los obstáculos en investigaciones anteriores sobre tecnología de espionaje.

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“Desde el inicio de la administración pasada recibimos múltiples denuncias sin suficiente sustento probatorio. Sin embargo, las nuevas declaraciones de los involucrados —con detalles específicos sobre transacciones y beneficiarios— cambian el panorama”, explicó el fiscal. Destacó que incluso Peña Nieto ya emitió un deslinde público, lo que anticipa un proceso legal intenso.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en el sistema judicial, Gertz Manero subrayó la importancia de documentar cada paso: “Hemos iniciado la carpeta de investigación y exigiremos que Israel comparta la información difundida mediáticamente. Sin pruebas concretas, casos así suelen estancarse”. Su tono reflejaba la cautela aprendida tras lidiar con escándalos de corrupción de alto perfil, donde las declaraciones públicas rara vez coinciden con las evidencias judiciales.

El caso revive el debate sobre el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas y opositores durante gobiernos anteriores, un tema que, según expertos consultados, podría redefinir los límites legales de la inteligencia estatal en México.

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