El Salvador confirma que EEUU controla a deportados en su mega prisión

WASHINGTON, D.C. — En un giro digno de una distopía kafkiana, el gobierno de El Salvador ha admitido, con la elegancia de un funcionario confesando un crimen bajo interrogatorio, que la administración Trump sigue manejando los hilos de los migrantes venezolanos deportados a una prisión salvadoreña. Sí, la misma que promocionan como “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, un nombre tan sutil como un elefante en una cacharrería.

Los documentos judiciales presentados esta semana revelan que, mientras los discursos oficiales hablan de soberanía y cooperación internacional, la realidad es un pacto digno de una novela de espionaje: EEUU paga, El Salvador alberga, y los derechos humanos… bueno, esos se quedaron en la aduana.

La ONU, ese incómodo club de idealistas, investiga el destino de estos hombres, deportados incluso después de que un juez estadounidense ordenara detener los vuelos. Pero, ¿para qué hacer caso a un juez cuando puedes hacerlo a un cheque de 6 millones de dólares? La administración Trump, maestra en el arte del “no es mi problema”, alega que estos migrantes ya no están bajo jurisdicción estadounidense. Claro, porque cuando los derechos constitucionales estorban, lo mejor es exportarlos.

Mientras tanto, los abogados de la ACLU y Democracy Forward, esos pesados que insisten en eso de “el debido proceso”, señalan que El Salvador ha confirmado lo obvio: EEUU sigue decidiendo el destino de estos hombres. Pero, ¿quién necesita transparencia cuando tienes eufemismos? “Autoridades extranjeras competentes” suena mucho mejor que “cárcel subcontractada”.

Skye Perryman, de Democracy Forward, lo resumió con elegancia: la administración no ha sido honesta. Vaya novedad. En el gran teatro de la política migratoria, la verdad es el actor que nunca recibe su nombre en los créditos.

Y mientras los funcionarios se hacen los sordos ante las solicitudes de comentarios, los migrantes languidecen en el CECOT, un lugar tan acogedor como sugiere su nombre. Porque, al fin y al cabo, ¿qué sería de la política exterior sin un poco de negocio carcelario?