Descubren red de huachicol fiscal con permisos otorgados por Sener

Una investigación periodística revela los hilos ocultos detrás de una red de huachicol fiscal que operó con la complicidad de permisos otorgados por la Secretaría de Energía (Sener) durante la administración pasada. La empresa Ingemar, actualmente bajo la lupa por presunta evasión fiscal junto a la distribuidora Lambrucar, logró importar cerca de 500 millones de litros de combustibles bajo autorizaciones expedidas durante la gestión de Miguel Ángel Maciel al frente de la dependencia.

¿Cómo una compañía sin trayectoria en el sector energético obtuvo permisos para mover volúmenes estratosféricos de gasolina y diésel? Documentos oficiales muestran que las autorizaciones fueron emitidas por la Dirección de Petrolíferos de la Subsecretaría de Hidrocarburos, vigentes hasta 2024. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación señalan que estos documentos habrían sido utilizados como pantalla para introducir carburantes al país bajo la falsa clasificación de “aditivos”, evadiendo impuestos por hasta 7.09 pesos por litro.

El esquema, según testimonios recabados, involucraba la manipulación de registros para eludir el pago de IEPS, IVA e ISR. “No se trataba de errores administrativos, sino de una operación estructurada”, advierte un funcionario de Hacienda bajo reserva. Las pesquisas, coordinadas por la Secretaría de Seguridad, ya han derivado en el aseguramiento de 15 millones de litros en Coahuila y la detención de 11 personas vinculadas al caso.

La pista clave surgió en marzo pasado con la intervención de un buque en Tampico, cuyos cargamentos ilegales fueron rastreados hasta patios ferroviarios en Saltillo. “Es una secuencia perfectamente orquestada”, afirmó el secretario Omar García Harfuch, al revelar que los tanques incautados transportaban combustible proveniente del barco intervenido.

Detrás de Ingemar aparecen los nombres de José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro, empresarios que en pocos meses se posicionaron como jugadores clave en el mercado de combustibles. Mientras, Lambrucar —creada en 2018 en Puebla— muestra un historial opaco: cuatro cambios de dueños y recientes movimientos en San Luis Potosí bajo la dirección de socios con nexos en Jalisco.

Este caso expone no solo fallas en el sistema de control de hidrocarburos, sino posibles complicidades al más alto nivel. ¿Hasta dónde llegaban los beneficiarios de este esquema? La investigación continúa destapando capas de un negocio que habría defraudado al fisco por miles de millones.