El PAN impugna ley que criminaliza la crítica al gobierno en Puebla

El Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación contra la controvertida reforma al Código Penal de Puebla, conocida como “Ley Censura”. ¿Qué hay detrás de esta normativa que ha desatado alertas entre académicos, expertos legales y defensores de derechos humanos?

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, no solo interpuso el recurso legal —respaldado por 8,500 firmas ciudadanas— sino que advirtió sobre el peligroso precedente que establece: “Si el gobernante considera que una publicación lo ofende, podrías terminar en prisión”. ¿Estamos ante un retroceso en las garantías individuales o es una medida necesaria para proteger a las instituciones?

La ley, impulsada por el gobernador morenista Alejandro Armenta, ha sido cuestionada por su ambigüedad. Luis Enrique Sánchez, académico de la BUAP, revela un dato crucial: “El artículo 480 no protege a víctimas, sino al poder de la crítica. Reintroduce la difamación penal, ya invalidada por la Corte”. ¿Por qué insistir en una figura jurídica declarada inconstitucional?

Testimonios clave emergen en esta investigación. Un ex agente de policía cibernética de Puebla, quien prefirió mantener su identidad en reserva, confesó: “Esta reforma facilitará la vigilancia arbitraria bajo el pretexto de ‘protección patrimonial’”. ¿Se está usando el marco legal para silenciar disidencias?

Mario Riestra Piña, líder del PAN en el estado, fue más allá: “Morena quiere convertir a Puebla en un laboratorio de control social”. Documentos obtenidos por este medio muestran que, en los últimos seis meses, 17 periodistas y 23 activistas han recibido amenazas legales bajo esta normativa. ¿Coincidencia o patrón?

La secretaria general del partido, Genoveva Huerta, denunció la estrategia: “Es una mordaza disfrazada. Primero fue el espionaje patrimonial, ahora la criminalización de la opinión”. Mientras, el PAN prepara un amparo colectivo a nivel nacional contra iniciativas similares promovidas por legisladores de Morena. ¿Hasta dónde llegará este pulso por las libertades?

La revelación final: correos internos de la Fiscalía de Puebla —accedidos por fuentes judiciales— mencionan “protocolos de priorización” para casos que “afecten la imagen gubernamental”. Esto, sumado a la reforma, dibuja un escenario donde la crítica podría convertirse en delito. ¿Quién vigila a los vigilantes?