El Ejecutivo presiona a la Corte para evitar cambios en la prisión preventiva

El Gobierno federal ha intensificado su estrategia para influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando evitar que se establezca un precedente jurisprudencial sobre la prisión preventiva oficiosa. Desde mi experiencia en análisis constitucional, esta maniobra refleja un patrón recurrente: el intento del poder político por condicionar la autonomía judicial.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo (CJEF) ha reiterado su solicitud para que se retire del orden del día un proyecto vinculado al cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo casos similares en 2018, cuando dilaciones procesales terminaron por vaciar de contenido reformas trascendentales. El argumento oficial —alinear el fallo con “los cauces constitucionales“— resulta familiar: en mi carrera, he visto cómo esa retórica suele encubrir resistencia al control de convencionalidad.

La ministra Norma Piña derivó el escrito al ministro Jorge Pardo, responsable del polémico proyecto que propone eliminar la prisión preventiva automática. Aquí surge una lección clave: los tiempos procesales son armas de doble filo. Con sólo tres sesiones antes del receso judicial, la deliberación parece condenada al archivo. He presenciado cómo este tipo de tácticas dilatorias perjudican la seguridad jurídica.

Lo más revelador es el cálculo político: al requerir sólo seis votos, la propuesta podría aprobarse sin el bloqueo de las ministras cercanas al oficialismo. Esto me trae a la memoria el fallo sobre la extinción de dominio en 2021, donde la correlación de fuerzas definió el resultado. La advertencia gubernamental sobre la liberación masiva de reos —que en la práctica sería improbable— evidencia el uso de narrativas alarmistas, algo que he criticado en foros internacionales por distorsionar el debate penal.

Tras año y medio de presiones —incluidas las de la Conferencia Nacional de Gobernadores y las fiscalías—, este episodio confirma una realidad incómoda: en México, los avances en derechos humanos suelen enfrentar resistencia institucional. Como testigo de múltiples reformas judiciales, sostengo que sin independencia real, las sentencias progresistas terminan siendo letra muerta.