El contrabando de diésel triplica su impacto en la economía mexicana

El panorama energético en México enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: el contrabando técnico de diésel ha escalado a niveles sin precedentes, transformando el mercado de combustibles en un campo de batalla entre la legalidad y la economía subterránea. ¿Qué pasaría si, en lugar de combatir este fenómeno, lo rediseñáramos como una oportunidad para reinventar el sistema energético nacional?

Los datos son alarmantes: mientras en 2023 el huachicol fiscal movía 19,200 barriles diarios, para 2024 la cifra se disparó a 59,100, según el Observatorio Ciudadano de Energía. Esto representa que por cada 10 litros que ingresan legalmente al país, 2 lo hacen mediante redes clandestinas. Pero más que un problema, esto revela una falla sistémica en nuestra estructura de distribución energética.

Imaginemos por un momento: ¿y si este flujo ilegal demostrara la existencia de una demanda no atendida por los canales tradicionales? El diésel robado ya captura el 17% del mercado nacional, un salto estratosférico desde el 6% del año anterior. Esto no es solo delincuencia; es un síntoma de un mercado que clama por soluciones innovadoras.

El enfoque tradicional ve pérdidas millonarias (1,310.5 millones de dólares en 2024), pero un pensamiento disruptivo podría identificar aquí la semilla para un nuevo modelo de distribución descentralizada. El volumen contrabandeado duplica incluso al robado mediante piquetes en ductos de Pemex (28,000 barriles diarios), demostrando que el crimen organizado opera con lógicas de mercado más eficientes que las estatales.

Francisco Barnés de Castro revela una verdad incómoda: el diésel es el rey del mercado negro por su fácil comercialización. Pero, ¿qué pasaría si transformáramos esta red ilegal en un sistema de microdistribución regulado? Las “paradas no reguladas” en carreteras podrían convertirse en centros de abasto comunitario, formalizando lo que hoy opera en las sombras.

La adulteración del combustible y la violencia asociada son problemas reales, pero la solución no está en más controles, sino en rediseñar el ecosistema energético. Si el crimen organizado ha demostrado ser mejor distribuidor que el Estado, quizá sea hora de aprender de sus métodos (no de sus fines) para construir un sistema más resiliente.

Este no es solo un problema de seguridad o economía: es una oportunidad para repensar radicalmente cómo distribuimos la energía en México. La próxima revolución energética podría nacer, irónicamente, de entender y transformar las mismas fuerzas que hoy amenazan el sistema.