¿Qué ocurre cuando el poder político se entrelaza con rencores personales? Donald Trump ha desatado una tormenta legal y ética al sugerir la revocación de la ciudadanía estadounidense de su archirrival, la actriz y activista Rosie O’Donnell. Una idea que, más allá de su viabilidad jurídica —prohibida por fallos históricos de la Corte Suprema—, revela cómo las disputas virales pueden infiltrarse en la esfera gubernamental.
En un tuit cargado de ironía, el expresidente afirmó: Dado que Rosie O’Donnell no defiende los intereses de nuestra gran nación, evalúo retirarle su nacionalidad
. El mensaje, dirigido a una crítica vocal que ahora reside en Irlanda, cuestiona los fundamentos mismos de la democracia: ¿puede la lealtad política convertirse en un requisito para ejercer derechos constitucionales?
Este episodio es solo el último de una saga de décadas entre ambas figuras, donde el humor ácido de O’Donnell choca con la retaliación institucional. La comediante, voz destacada contra las políticas trumpistas —como los recortes fiscales republicanos—, encarna una pregunta incómoda: ¿están los derechos civiles a merced de los caprichos del poder?
La amenaza, aunque simbólica, abre un peligroso precedente. Similar a sus advertencias pasadas contra Elon Musk, refleja un patrón: transformar desacuerdos en herramientas de exclusión. En una era donde las redes sociales amplifican conflictos, ¿dónde trazar la línea entre la libertad de expresión y las represalias desde el Estado?
