En un giro tragicómico de la realidad nacional, el comandante Andrés Chávez, otrora encargado de perseguir delincuentes, fue ejecutado en su propio refugio por cuatro sujetos que, en un acto de ironía suprema, se llevaron sus camionetas como trofeo. Así funciona el sistema de justicia en el paraíso de la impunidad: las víctimas mueren, los victimarios pasean en sus vehículos, y las autoridades redactan comunicados de solidaridad que valen menos que el papel en que se imprimen.
El crimen, reportado por vecinos que escucharon detonaciones (como si fueran fuegos artificiales de la inseguridad institucionalizada), activó el ritual habitual: Guardia Nacional, Ejército y policías locales desplegaron un operativo tan efectivo como buscar agujas en un pajar… blindado. Mientras tanto, la Fiscalía promete llevar a los culpables ante la justicia, misma que lleva años en estado vegetativo.
Lo único más predecible que el crimen fue el comunicado oficial: frases huecas sobre colaboración interinstitucional y condolencias a la familia, mientras los verdaderos responsables —los que permiten que esto siga pasando— se cobijan bajo el manto de la retórica gubernamental. Así es México: donde hasta los policías son ciudadanos de segunda en su propio país.
