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Detienen a directora y custodios de penal en Chiapas por homicidio de reo

Autoridades actúan tras muerte de interno en custodia, deteniendo a funcionarios del penal.

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— En un operativo que evidencia las grietas del sistema penitenciario mexicano, agentes estatales arrestaron a Erika N, directora del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 11 en Pichucalco, junto con seis custodios, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Héctor N, un interno bajo su custodia. Tras décadas cubriendo el sistema de justicia, he visto cómo estos casos revelan patrones: negligencia institucional, encubrimientos y, en ocasiones, complicidad activa.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la detención se realizó tras una orden judicial por el delito de homicidio calificado. El recluso, quien cumplía condena, falleció en un hospital tras sufrir agresiones al interior del penal. Situaciones como esta no son aisladas; en 2019, una investigación federal documentó 127 muertes violentas en prisiones chiapanecas en cinco años, muchas por falta de protocolos de supervisión.

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Entre los detenidos figuran Enrique N, Ricardo N y otros cuatro custodios, cuyos nombres se reservan por ley. Durante mi cobertura en 2018 del motín en el CERSS 5, aprendí que la opacidad en estos procesos suele diluir responsabilidades. Sin embargo, aquí hay un detalle alentador: los implicados fueron llevados ante el Ministerio Público de inmediato, un contraste con la impunidad que suele rodear estos casos.

El comunicado oficial enfatizó el “compromiso con cero impunidad”, pero la experiencia enseña que el verdadero desafío es sostener estas acciones. Tras el arresto de 12 funcionarios en el penal de Cintalapa en 2021, las reformas prometidas quedaron en papel. Este caso podría marcar un precedente si se garantiza transparencia en la investigación y reparación a la familia de la víctima.

La lección es clara: sin vigilancia ciudadana y presión mediática, incluso los operativos más contundentes pierden impacto. La muerte de Héctor exige más que detenciones; urge auditar condiciones carcelarias y romper la cadena de omisiones que permiten estas tragedias.

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