El PRI impulsa amparos contra el aumento de tarifas del agua en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.— ¿Qué hay detrás del polémico incremento en las tarifas del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? El PRI Jalisco no solo lo califica como un aumento abusivo, sino que lo vincula directamente con la opacidad y las fallas recurrentes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). ¿Está siendo utilizado este organismo como una caja chica para financiar privilegios?

Aurelio Fonseca, diputado local del tricolor, reveló en entrevista exclusiva que su partido está recabando firmas para presentar amparos colectivos y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). “No es solo el aumento, es el engranaje de un sistema que premia la ineficiencia”, aseguró el legislador, señalando a Movimiento Ciudadano y Morena como responsables políticos.

Documentos obtenidos por este medio muestran que las quejas ciudadanas se han multiplicado en los últimos meses, coincidiendo con el deterioro del servicio. ¿Por qué subir las tarifas si no hay mejoras visibles? Fonseca insiste en que el Siapa opera como un “feudo opaco“, donde los recursos se desvían para sostener “nóminas doradas” en lugar de invertirse en infraestructura.

Las movilizaciones del PRI frente a módulos del Siapa y plazas públicas han encendido la mecha del malestar social. “El gobierno se molesta, pero ¿y los ciudadanos que pagan más por menos?”, cuestiona Fonseca. Testimonios recogidos en colonias populares confirman el impacto económico: familias que destinan hasta el 10% de sus ingresos al pago del servicio.

La estrategia legal incluye dos frentes: impugnar el aumento del 9.6% ante tribunales federales y presionar a la CEDHJ para que investigue posibles violaciones a derechos económicos. En su portal web, el PRI ofrece formatos descargables para sumarse a la batalla jurídica. ¿Lograrán revertir la medida o solo es una cortina de humo?

Lo que comenzó como una protesta local podría escalar: fuentes internas hablan de al menos 500 amparos en preparación y una posible intervención de la Comisión Nacional del Agua. Mientras, el Siapa guarda silencio. ¿Tendrá algo que ocultar?