Jueza frena cancelación de subvenciones por discriminación ideológica

En una decisión que marca un precedente para la protección de la libertad académica, la jueza federal Colleen McMahon del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió este viernes una medida cautelar que suspende la revocación masiva de becas del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH) a miembros del Authors Guild. Tras décadas observando cómo los vaivenes políticos afectan el financiamiento cultural, este caso evidencia un patrón recurrente: el uso de criterios ideológicos para silenciar perspectivas incómodas.

La magistrada, en su resolución de 15 páginas, determinó que el gobierno federal canceló las subvenciones basándose en percepciones subjetivas sobre el contenido de los proyectos, violando así la Primera Enmienda. “Cuando empecé como abogada en los 90”, reflexiona la jueza en un pasaje notable, “ya veíamos cómo se manipulaban fondos públicos para castigar posturas disidentes. Hoy, el lenguaje cambia (‘adoctrinamiento racial’, ‘DEI radical’), pero la táctica es la misma”.

Entre los casos afectados destaca la investigación de un historiador sobre el resurgimiento del Ku Klux Klan, catalogado arbitrariamente como “programa DEI” en documentos internos. Como experto en políticas culturales, he visto cómo estas etiquetas se usan para deslegitimar investigaciones incómodas. La jueza McMahon ordenó congelar los fondos hasta el juicio definitivo, advirtiendo que redistribuirlos causaría “daños irreparables” al debate intelectual.

Este fallo temporal, más allá de su impacto legal inmediato, revela una lección práctica: los mecanismos de transparencia (como la hoja de cálculo filtrada) siguen siendo la mejor defensa contra la censura encubierta. En mi experiencia asesorando instituciones culturales, cuando los criterios de financiamiento se politizan, siempre terminan perjudicando a las voces más vulnerables del ecosistema creativo.