Policías veracruzanos extorsionan transportistas para la mafia local

Xalapa, Veracruz. Un escándalo de corrupción sistémica emerge en las carreteras veracruzanas, donde agentes estatales -presuntamente coludidos con la Mafia Veracruzana– han convertido los retenes en centros de extorsión. Transportistas denuncian pagos forzados de hasta 30 mil pesos bajo amenaza de palizas, sembrado de evidencias falsas o incluso ejecuciones.

El pasado 7 de julio, en un operativo que emula los métodos del crimen organizado, ministeriales bloquearon la carretera Puebla-Cosamaloapan. Vídeos exclusivos muestran cómo conductores eran arrastrados a inmuebles abandonados para “negociar” bajo coerción, mientras patrullas oficiales custodiaban la operación ilícita.

Este patrón delictivo encuentra su episodio más brutal en el asesinato de Irma Hernández, taxista de 62 años. Su ejecución -grabada y difundida como mensaje intimidatorio- expone la fusión entre instituciones y narcopoder: 12 encapuchados armados, algunos con uniformes policiales, la obligaron a transmitir un ultimátum de rodillas antes de asesinarla.

Geografía del terror institucionalizado

De Coatzacoalcos a la zona norte, testimonios recopilados revelan una red de extorsión donde los uniformados:

• Realizan detenciones arbitrarias con armas largas y patrullas oficiales
• Siembran drogas o armas para fabricar delitos
• Operan bajo la lógica mafiosa de “cobro de piso”

“Te rompen la madre ahí mismo si no pagas”, relata un transportista golpeado en La Tinaja, donde el inmueble abandonado funciona como centro de tortura improvisado.

Guerra de narcomantas y mensajes siniestros

La Mafia Veracruzana ha escalado su desafío al Estado mediante ejecuciones teatrales. En Tantoyuca, dejaron los restos de un taxista junto a una lona que amenaza: Aquí ya saben quién manda. La advertencia, dirigida a células rivales y comerciantes, incluye listados de próximas víctimas con sus apodos, evidenciando un control territorial casi gubernamental.

Expertos en seguridad señalan que estos hechos reflejan la captura institucional en Veracruz, donde las fuerzas del orden se han convertido en instrumentos de crimen organizado. La impunidad permite que retenes legales se transformen en puntos de cobro mafioso, mientras las víctimas enfrentan una terrible disyuntiva: pagar o morir.