Jueza mantiene censura previa a diario crítico con gobernadora de Campeche

En un fallo que desafía los principios democráticos, una jueza en Campeche ratificó la imposición de un interventor jurídico sobre el diario digital Tribuna, obligándolo a someter sus contenidos a revisión previa. Además, prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores, en lo que expertos califican como un ataque sistémico a la libertad de prensa.

La magistrada Edelmira Cervera Sánchez desestimó un recurso de revocación contra estas medidas, originalmente impuestas el 15 de julio. El medio denuncia que la resolución busca silenciar críticas antes del Cuarto Informe de Gobierno, estableciendo un precedente peligroso para el periodismo investigativo.

¿Hasta dónde puede llegar el poder judicial como instrumento de censura? Este caso evidencia cómo las medidas cautelares se transforman en herramientas para controlar narrativas. La fiscalía alega “incitación al odio”, pero organizaciones como Artículo 19 alertan sobre el uso estratégico de figuras penales para criminalizar la disidencia.

Mientras el Tribunal Colegiado había suspendido inicialmente sanciones más drásticas —como la prohibición de ejercer el periodismo—, la nueva resolución impone multas y exige datos de redes sociales para vigilancia digital. ¿Es este el futuro de la prensa libre: autocensura bajo la sombra de tribunales?

Ante la negativa judicial, la defensa prepara un amparo federal, en una batalla que podría redefinir los límites entre seguridad jurídica y derechos fundamentales. Mientras tanto, el caso expone una paradoja: ¿cómo proteger la reputación de funcionarios sin sacrificar el escrutinio público que sostiene la democracia?