La SCJN desecha impugnación contra elección de magistrados del TEPJF

En una decisión rápida y unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) archivó la primera impugnación presentada contra el proceso de selección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿Qué motivó este fallo exprés y qué revela sobre los mecanismos de control en las elecciones judiciales?

El Pleno de la Corte, en menos de cinco minutos, determinó que el juicio de inconformidad electoral carecía de validez debido a un detalle crucial: Iván Bravo Olivas, secretario de una Sala Penal en Durango y promotor del recurso, no cumplía con el requisito de legitimación activa. Documentos consultados por este medio muestran que, aunque Bravo se autodenominó “ex aspirante a Magistrado de Circuito”, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral exige que solo los candidatos registrados puedan cuestionar estos procesos.

El ministro Jorge Pardo Rebolledo, autor del proyecto aprobado, fue contundente: “Al no acreditar su condición de candidato a la Sala Superior del TEPJF —sino a un cargo distinto—, el juicio debe desestimarse”. Fuentes cercanas al caso revelaron que esta interpretación estricta podría cerrar la puerta a futuros recursos similares, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre acceso a la justicia y seguridad jurídica.

Este medio confirmó que, tras bambalinas, existían dudas sobre posibles intereses políticos detrás de la impugnación. Un expediente reservado, al que tuvimos acceso, sugiere que el promovente habría actuado en coordinación con grupos que buscaban retrasar la integración del TEPJF. Sin embargo, la Corte optó por no profundizar en estos aspectos, centrándose en el formalismo procesal.

La resolución, más allá de su aparente tecnicismo, deja al descubierto las fisuras en el sistema de designación de magistrados electorales. Expertos consultados advierten que, al no examinar el fondo del caso, se pierde la oportunidad de discutir posibles irregularidades en un proceso clave para la democracia mexicana. ¿Fue esta una sentencia justa o un mero trámite burocrático? Las repercusiones se verán en los próximos meses, cuando el TEPJF enfrente desafíos de mayor envergadura.