El Chapo denuncia obstrucción a su derecho de comunicación con su abogado

Desde las profundidades de la prisión de máxima seguridad ADMAX en Florence, Colorado, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha lanzado un nuevo SOS judicial. ¿Por qué las autoridades federales estadounidenses estarían bloqueando sistemáticamente su comunicación con su representante legal? Documentos obtenidos por este medio revelan un patrón preocupante de posibles violaciones al debido proceso.

En una misiva dirigida al juez Brian Cogan -el mismo magistrado que en 2019 lo sentenció a cadena perpetua por liderar el Cártel de Sinaloa-, el capo narco expone una situación que raya en lo absurdo: aunque existe una orden judicial que autoriza el contacto con su abogado Israel José Encinosa, las autoridades penitenciarias llevan semanas incumpliendo el mandato. ¿Simple burocracia o estrategia deliberada?

“Han interceptado dos cartas de mi defensor y bloquean nuestras llamadas”, denuncia Guzmán en un escrito donde la urgencia se mezcla con la frustración. Fuentes cercanas al caso confirman que el abogado lleva diez meses intentando sin éxito establecer contacto regular con su cliente. ¿Qué temen las autoridades que pueda comunicarse entre abogado y cliente?

Este no es el primer reclamo del recluso más vigilado de Estados Unidos. En 2024 ya había acusado discriminación cuando le suspendieron abruptamente las comunicaciones con sus hijas gemelas. “Es un castigo psicológico”, declaró entonces. Las similitudes entre ambos casos plantean interrogantes incómodas: ¿Estamos ante un patrón de restricción de derechos fundamentales?

Expertos en derecho penal consultados advierten que, independientemente de la gravedad de los delitos, todo recluso tiene derecho a una defensa adecuada. “Si se confirman estas denuncias, estaríamos ante una violación flagrante del Sexto Enmienda”, señala el jurista Carlos Méndez. Mientras tanto, el silencio de las autoridades penitenciarias y del FBI -encargado de monitorear estas comunicaciones- alimenta más dudas que respuestas.

Lo que comenzó como una simple queja sobre llamadas telefónicas no autorizadas podría convertirse en un nuevo capítulo de la batalla legal más mediática del siglo. ¿Hasta dónde puede llegar el sistema para aislar a quien alguna vez fue el narcotraficante más poderoso del mundo? La respuesta podría redefinir los límites entre seguridad nacional y derechos constitucionales.