La autopsia confirma que Fernandito murió por traumatismos y abandono extremo

Los resultados de la autopsia practicada a Fernandito, el niño de 5 años asesinado en Los Reyes La Paz, Estado de México, revelaron un cuadro de extrema violencia y negligencia. El informe forense, difundido por la Fiscalía General de Justicia estatal, detalla que el menor presentaba múltiples fracturas craneofaciales, deshidratación severa y signos de inanición, lo que confirma que permaneció sin alimento ni agua durante su cautiverio. Los traumatismos contundentes en cabeza y rostro, compatibles con golpes repetidos, fueron identificados como causa directa del deceso.

El caso, que ha conmocionado a México, surgió tras el secuestro del menor el 28 de julio como garantía por una deuda de 1,000 pesos contraída por su madre. Testigos relataron que los acusados —identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”— amenazaron con retenerlo hasta obtener el pago. Cuando las autoridades allanaron el domicilio de los prestamistas el 4 de agosto, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un costal, situación que obligó a confirmar su identidad mediante pruebas genéticas.

Expertos en criminalística consultados sobre el caso destacan la saña del modus operandi: la combinación de violencia física y privación de necesidades básicas evidencia un patrón de tortura. La defensa legal de la familia, liderada por la abogada Fabiola Villa, enfatizó que las lesiones dejaron el cuerpo irreconocible, requiriéndose análisis complementarios como odontogramas y estudios dactilares. El informe toxicológico descartó la presencia de sustancias en su organismo, concentrando las causas de muerte en el maltrato sistemático.

El contexto socioeconómico del crimen ha generado debates sobre la regulación de préstamos informales en zonas marginadas. Organismos como la Red por los Derechos de la Infancia señalaron que este caso exhibe fallas institucionales, ya que la madre denunció previamente el secuestro sin obtener respuesta. Los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y tortura, con penas que podrían superar los 70 años de prisión. La próxima audiencia determinará su vinculación a proceso, mientras colectivos exigen justicia acelerada para este crimen que ha visibilizado la vulnerabilidad de menores en entornos de pobreza y violencia estructural.