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Nacional

Tres acusados de asesinato infantil enfrentan prisión preventiva

Un caso que conmociona por la brutalidad y las contradicciones en las declaraciones de los implicados.

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Un juez de control determinó imponer prisión preventiva justificada contra tres individuos vinculados a la desaparición y muerte de Fernando, un menor de cinco años cuyo cuerpo fue hallado con severas lesiones en Los Reyes La Paz. Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N” enfrentan cargos por un crimen que ha estremecido a la comunidad, mientras la defensa intenta retrasar el proceso legal solicitando una extensión del plazo constitucional.

Durante la audiencia inicial, Lilia “N” declaró que la madre biológica del niño les había confiado su custodia el pasado 19 de julio, alegando que posteriormente lo llevaron al médico debido a supuestas caídas. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México presentó pruebas contundentes: el cuerpo presentaba fracturas en cráneo, clavícula y costillas, además de múltiples hematomas. Peor aún, fue encontrado atado de manos y envuelto en capas de plástico y tela, con signos de llevar días sin vida.

La defensa de la madre, Noemí Marcelina, argumentó que ella exigió en repetidas ocasiones la devolución de su hijo, sin éxito, hasta que intervino la Fiscalía. Mientras tanto, los acusados—quienes se dedican al reciclaje—intentaron justificar el olor fétido que alertó a la policía como parte de su trabajo, hasta que el macabro descubrimiento los delató.

El caso toma un giro aún más oscuro cuando la defensa de Carlos “N” alega tortura durante su detención, acusación rápidamente descartada por falta de pruebas. La próxima audiencia, programada para el 11 de agosto, definirá si los imputados serán vinculados a proceso o liberados, en un juicio que ya ha expuesto grietas en el sistema de protección infantil y la justicia penal.

¿Cómo pudo escalar esta tragedia sin que las autoridades intervinieran antes? La muerte de Fernando no es solo un crimen: es un llamado urgente a reformar los mecanismos de vigilancia sobre los menores en situaciones de riesgo. La innovación en políticas públicas y la tecnología podrían prevenir casos similares, pero primero, la justicia debe actuar sin concesiones.

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